Fecha Publicación:
7 Abril 2010 A la pregunta escrita de Ramón Temosa i Balcells a la Comisión sobre la inscripción en el padrón municipal de los ciudadanos extracomunitarios y la Directiva 2008/115/CEE, la Comisaría de Interior, Sra. Cecilia Malmström, respondió: “Los Estados miembros han de incorporar la Directiva 2008/115/CE a sus legislaciones nacionales antes del 24 de diciembre de 2010. Dicha directiva –continuó– dedica especial consideración al retorno a sus países de origen de personas mayores y personas vulnerables. La Comisión –concluyó– no está en situación de tomar medidas formales con respecto al cumplimiento de esa Directiva antes de tal fecha, pero incita a todos los Estados miembros, incluida España, a velar por el cumplimiento de las normas fijadas en la Directiva tan pronto como sea posible”.
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2 Abril 2010 El 1 de abril de 2010 entró en vigor para España, miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1999. El objeto del convenio es garantizar que cada Estado contratante incluya en su derecho interno procedimientos eficaces en favor de las personas que hayan sufrido daños resultantes de actos de corrupción, con el fin de permitirles defender sus derechos e intereses, incluida la posibilidad de obtener indemnización por dichos daños. En la actualidad, el Convenio está en vigor en numerosos países de Europa y de la UE, a excepción de Reino Unido, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca y Alemania, que lo han firmado pero no ratificado.
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26 Marzo 2010 Documentación de extranjeros en cancelación de hipoteca: Resolución de 25 de marzo de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG La Resolución de 25 de marzo de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado resuelve sobre la negativa de un notario de Málaga a inscribir en el Registro de la Propiedad la cancelación de una hipoteca de un inmueble propiedad de una nacional francesa por aportar la tarjeta de residencia de ciudadano comunitario, y no el NIE, exigido en el art. 254 de la Ley Hipotecaria.
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2 Marzo 2010 Ley por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG La Ley 2/2010, de 1 de marzo, que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se adapta a la normativa comunitaria y pone fin a la imposición discriminatoria que venían sufriendo los contribuyentes no residentes en España. (BOE 2 de Marzo de 2010) La Comisión Europea había pedido oficialmente el 16 de octubre de 2008, mediante dictamen motivado, a España que modificase sus disposiciones fiscales según las cuales a los no residentes se les gravaba su renta bruta, mientras que a los residentes sólo se les grava su renta neta. La Comisión consideraba que estas disposiciones eran incompatibles con el Tratado CE y contrarias a la libre circulación de personas y trabajadores, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.
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14 Octubre 2009 Resoluciones y actos auténticos en materia de sucesiones y creación de un certificado sucesorio europeo: Propuesta de Reglamento comunitario Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG El 14 de octubre de 2009 se aprobó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa tanto a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones como a la creación de un certificado sucesorio europeo. Se aplicará a las sucesiones por causa de muerte, y establece cuáles son los criterios para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones. Tendrá como rasgo característico la libertad de elección de la ley aplicable y la multiplicación de los foros de competencia, a pesar de establecer la residencia habitual del causante como criterio para determinar ambas.
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1 Junio 2009
"Las prestaciones de dependencia de los gerontoinmigrantes comunitarios en España”, en Lasarte Álvarez y Gallego Domínguez (dirs.), La protección de las personas mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales (IDADFE, Madrid). (Elsa M. Álvarez, 2009).
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8 Abril 2009 Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Praia el 8 de abril de 2009. N.º 39/09
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31 Marzo 2009 Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Islandia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y París el 31 de marzo de 2009.
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31 Marzo 2009 El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Tener en cuenta las necesidades de las personas de edad avanzada», de 31 de marzo de 2009, propone el lanzamiento de una campaña europea en los medios de comunicación que contribuya a modelar una imagen de la vejez en la que se reconozcan tanto la aportación de las personas de edad avanzada (incluidos los inmigrantes mayores de ambos sexos) a la vida social como la dignidad de la vejez. De otro lado y como consumidores.
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27 Marzo 2009 Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario: Resolución del Parlamento Europeo Mayte Echezarreta Ferrer, directora del OEG Con fundamento en determinadas peticiones recibidas, el 6 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009 sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario. También conocido como Informe Auken, se hace eco así la UE del malestar de muchos ciudadanos europeos residentes en las costas españolas ante la inseguridad jurídica provocada por las irregularidades cometidas por agentes urbanísticos, en muchas ocasiones con el beneplácito de entidades públicas, tanto locales como regionales.
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