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Recortes de Prensa

La otra inmigración

La Vanguardia, 23 | 10 | 2006 - Editorial

Casi un año y medio después del proceso de regularización masivo de inmigrantes sin papeles realizado en España, aparece ahora un fenómeno nuevo que presenta también caracteres masivos y que puede representar una nueva oleada de inmigración. Se trata de la reagrupación familiar, especialmente de ciudadanos latinoamericanos. Algunos consulados, como los de Ecuador, están siendo objeto en la actualidad de cientos de peticiones de visados de familiares para venir a España.

La ley de Extranjería del 2003 decidió, como ocurre en la mayoría de los países europeos, que España debe proteger el derecho de los inmigrantes a convivir con su familia, estableciendo una normativa precisa para la reagrupación familiar y sus límites. Así, tienen derecho aquellos inmigrantes que hayan renovado su permiso inicial de residencia al menos para un año más y pueden solicitarlo para los cónyuges, para los hijos menores de 18 años no casados o incapacitados y los padres si están a cargo del solicitante. Éste deberá demostrar que dispone de vivienda adecuada para los familiares, recursos económicos suficientes y que está afiliado a la Seguridad Social, es decir, que no vive de la economía sumergida.

El de la reagrupación familiar es un fenómeno nuevo en España, como lo demuestra el hecho de que en el 2000 sólo hubo siete solicitudes de reagrupación familiar y en el 2005 ya fueron 103.000. Esta cifra se multiplicará y, por cuestiones de afinidad lingüística y cultural, se producirá sobre todo en el colectivo de latinoamericanos, que ahora son del orden de los 900.000, en el que son los ecuatorianos, con unos 400.000, los que están en cabeza. Más de la mitad de estos últimos son mujeres que solicitan visados para sus hijos.

No todos los inmigrantes reclaman la reagrupación familiar, ya que una parte considerable desea volver a sus países. Pero los que lo solicitan lo hacen mayoritariamente porque han decidido quedarse en España durante tiempo. Por tanto, es razonable exigir que se cumplan estrictamente los requisitos de la ley y que los gobernantes eviten que esta nueva oleada colapse servicios como la enseñanza o la sanidad.

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