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Recortes de Prensa

España frena una decisión que costaría 2.000 millones

La Verdad, 13 | 12 | 2009 - Noticia

La ministra de Sanidad bloquea una norma europea que facilita la «libre circulación de pacientes»

El debate en torno al turismo sanitario supera todas las fronteras. De hecho, el Gobierno central ha tenido que luchar para frenar el desarrollo de una norma de la Unión Europea que podía facilitar el desarrollo de esta práctica.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, consiguió el pasado día 1 reunir una «minoría de bloqueo» que impidió que la directiva europea saliera adelante alegando que la norma no garantizaba una atención de buena calidad y, además, para la sanidad española podía suponer un coste adicional de 2.000 millones al año.

La Conselleria de Sanidad, al referirse a esa directiva, explica que el planteamiento de la «libre circulación de pacientes» encerraba varias dudas. Entre ellas destaca que no se «especificaba qué pasaba con la medicación», es decir, no se determinaba quién asumía el coste de los tratamientos.

Otra cuestión que, según el criterio del departamento autonómico, quedaba sin aclarar en la directiva europea es la que hace referencia «a quién iba a cobrar las cantidades que se devolvieran. ¿El Estado o las comunidades autónomas?». La directiva europea que Jiménez, con el apoyo de otros países, consiguió bloquear establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al «turismo sanitario» y tienen derecho a que se les reembolse el coste de la atención recibida a la vuelta.

En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los estados miembros introducir un sistema de autorización previa a sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Deberán justificar que sin esta restricción podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.

España consideró que esta norma «va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado a la organización de sus servicios sanitarios». Además, Trinidad Jiménez consideró que no garantizaba ni «la calidad ni la seguridad jurídica suficiente».

En definitiva, a juicio Jiménez, la directiva «rompe la prestación sanitaria como servicio público y la convierte en una mercancía, un objeto de consumo más».

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