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Recortes de Prensa

La directiva europea nos ahorrará un 90% de costes

La Razón, 22 | 05 | 2010 - Entrevista

España discutirá el 7 de junio con los Estados miembros su alternativa a la directiva del turismo sanitario. Tras bloquear la propuesta original, que hubiera ocasionado a la Seguridad Social un gasto adicional de 2.000 millones de euros, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, confía en el borrador de la Presidencia española de la UE: «Todos han valorado que es más constructivo y ambicioso».

-La nueva propuesta española llegó en abril. ¿Hay tiempo para lograr un acuerdo con los 27 antes de que termine el semestre?

-Nuestro compromiso no era cerrar un acuerdo durante la presidencia española, sino presentar una propuesta más ambiciosa y constructiva, y eso es lo que hemos hecho y así nos lo han valorado. Tiempo queda y los trabajos van bien. La Comisión Europea está ayudando a pulir las diferencias con Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda, que eran los que más defendieron el borrador original.

-¿Cuáles son los principales cambios?

-Defendemos que se establezca una doble base jurídica, con los actuales reglamentos de la Seguridad Social más la nueva directiva que se está preparando. Estos reglamentos, que ya regulan el movimiento de pacientes entre países, existen desde hace años y han funcionado. No resuelven algunos casos, señalados por el Tribunal Europeo de Justicia, por ejemplo con pacientes que han tenido que irse a otros estados miembros por los tiempos de espera. Necesitamos introducir modificaciones para mejorar la legislación en estos casos pero creemos que al mismo tiempo podemos mantener lo que existe. Y hemos visto que la mayoría de socios europeos lo acepta porque además ofrece más seguridad jurídica.

-Uno de los puntos polémicos que provocó el bloqueo español en diciembre fue la falta de una autorización previa antes de ir al extranjero. ¿Queda incorporado en la propuesta nueva?

-Sí. Pero lo importante es que buscamos garantizar la calidad: cada país será responsable del nivel de los servicios que ofrece, por ejemplo, cumpliendo una serie de requisitos técnicos o garantías de tiempos.

-¿Cómo se va a garantizar un nivel de calidad europeo si cada Estado miembro decide sus estándares?

-Se trata de dar los primeros pasos para que un paciente pueda reclamar ante el país al que acude a recibir servicios sanitarios en caso de que haya negligencia. Queremos dar seguridad al paciente, ya nos preocuparemos de homogeneizar el nivel de calidad después.

-Existe además una división en torno a si paga la factura el país de residencia o el de cotización. ¿Cuál es la solución española?

-La anterior propuesta pedía que, por ejemplo, España tuviera que pagar los costes sanitarios de un inglés que reside aquí pero que vuelve a Gran Bretaña a recibir tratamiento, teniendo la opción de elegir un hospital público o sanidad privada. Nos parece injusto porque hay estados miembros donde la tasa de residentes de otro país europeo es más elevada. En el caso de España nos costaría 2.000 millones al año. En nuestro texto, proponemos que sea el país en el que ha cotizado durante su vida el que pague, lo que supondría un ahorro del 90% de esos costes adicionales. No nos quejamos del servicio que prestamos a los extranjeros, que además deja un saldo positivo de 460 millones de euros en las arcas de la seguridad social, por los 2.800 euros que pagan al año sus países de procedencia.

Batalla contra los grandes

El pasado mes de diciembre, España, con la ayuda de Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia, bloqueó la llamada directiva de turismo sanitario, que defendía una mayoría encabezada por Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. La norma fue defendida por la Comisión Europea como un paso decisivo para avanzar en un espacio común de sanidad en la Unión Europea, pero para nuestro país hubiera supuesto pagar el tratamiento a los pensionistas que viven en España incluso en sus países de origen. Además, a nuestro país también se le atragantaba que tuviera que pagar el tratamiento privado de un español que viajara al extranjero, tal y como permitía la propuesta original, cuando en España no se reembolsa a los pacientes que acuden a la sanidad privada. «Va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado en la organización de los servicios sanitarios», dijo entonces la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

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