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Recortes de Prensa

Las listas de espera pueden incentivar el turismo sanitario

El Economista, 22 | 10 | 2010 - Noticia

El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Joaquín Huelín Martínez de Velasco, expresó ayer su inquietud de que el ejercicio del derecho a la libre circulación de pacientes suponga “un incremento del turismo sanitario”.

Para el magistrado, las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejan la puerta abierta para que los pacientes esgriman las demoras de las listas de espera como razón suficiente para buscar un tratamiento médico alternativo en otro Estado miembro, “con la carga financiera adicional que puede suponer para los sistemas de salud”, advirtió.

Durante su intervención en el decimo séptimo Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Joaquín Huelín explicó que la Corte europea ha reconocido que la prestación de asistencia de urgencia a los pacientes desplazados en otros países distintos al de residencia o afiliación a la seguridad social debe ofrecerse “en un plazo razonable”, una precisión que puede provocar un efecto llamada hacia los sistemas de salud que garanticen prestaciones en un menor tiempo. El experto distinguió entre el turismo sanitario como “un abuso de derecho” y la libre circulación, como un derecho subjetivo de los ciudadanos que debe respetarse y facilitarse por los Estados miembros.

Otro riesgo que entraña la actual jurisprudencia sobre circulación de pacientes ejemplificado por el magistrado es que permite situaciones en las que jubilados extranjeros aterrizan en ciudades españolas de la costa y se trasladan en taxi directamente a los servicios de urgencias para someterse a alguna intervención quirúrgica para abandonar más tarde el centro sanitario con recetas de medicamentos para seis meses.

En su opinión, la propuesta española de directiva sanitaria transfronteriza “es una buena fórmula para hacer frente al abuso del turismo sanitario sin restringir derechos”.

España ha solicitado que la futura directiva avale la exigencia de autorización previa para recibir tratamientos en el extranjero, una restricción que la propia Corte de Luxemburgo ha justificado en razón del equilibrio financiero del sistema de seguridad social. Además, ha pedido que la Seguridad Social no reembolse los costes hospitalarios de urgencia que no cubre otro país y que sea el estado de afiliación, y no el de residencia, quien reembolse el gasto realizado por el paciente.

El Gobierno ha cifrado en 2.000 millones de euros el impacto que tendría una directiva que avalase el criterio del país de residencia en lugar de cotización a la hora de financiar los gastos de los pacientes desplazados.
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