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La Comisión Europea ha pedido hoy de nuevo a España que cambie su legislación fiscal en materia de sucesiones y donaciones, que aplica unos impuestos más elevados a los no residentes y a los activos ubicados en el extranjero. Si no actúa en dos meses, el país podría acabar ante el Tribunal de la UE por violar la libre circulación de personas y capitales.
Los impuestos de sucesiones y donaciones están regulados en España tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas. Éstas imponen unas cargas mucho más bajas que la Administración central.

La normativa estatal sólo se aplica a las donaciones o las sucesiones que no entran en el ámbito de competencia de las Comunidades Autónomas. Así ocurre con las personas que residen en el extranjero y con las donaciones de bienes situados fuera de España. Como consecuencia, estos contribuyentes tienen que pagar más impuestos que si vivieran en España o si los activos estuviesen radicados en ese país.

Según la Comisión, esta situación constituye un impedimento a la libre circulación de personas y capitales, amparada por el derecho comunitario. Bruselas ya envió un dictamen motivado a España en mayo de 2010. La legislación nacional se ha modificado, pero sigue sin atajar los problemas.

Por ello, Bruselas ha decidido darle un último toque. Madrid tiene ahora dos meses para cambiar su legislación y, si no lo hace, podría ser denunciada ante el Tribunal de Justicia de la UE.
 

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