En La Axarquía y el Valle del Almanzora se han identificado 25.457 viviendas en suelo no urbanizable. La Junta prevé no legalizar el 11% de las construcciones

El País | Noticia

Permitir que el 89% de las viviendas construidas en suelo no urbanizable en 32 municipios de las comarcas de La Axarquía (Málaga) y el Valle del Almanzora (Almería) puedan ser "reconocidas" y permanecer en pie sin problemas de legalidad es un "ejercicio de realidad", según la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que reivindica la necesidad de la medida para marcar un punto de inflexión al fenómeno de la proliferación de casas en suelo rústico fuera de los planes de ordenación urbanística y de los controles de legalidad. Que solo en estos 32 términos municipales se hayan identificado 25.457 casas en suelo no urbanizable permite una idea de la dimensión del asunto. La plataforma de propietarios de viviendas ilegales llega a estimar que existen del orden de 500.000 casas en esta situación.

El plan diseñado por la Junta, que bien puede considerarse una ley de punto final, tiene como objetivo primordial poner el contador a cero y que a partir de ahora se cumplan escrupulosamente las restrictivas condiciones que impone la legislación a la construcción en suelo no urbanizable, y ello exige un tratamiento, una respuesta, a la realidad actual, a "un fenómeno que se ha ido acumulando en los últimos 20 o 30 años" y que ofrece centenares de miles de viviendas en una especie de limbo jurídico. "Es una responsabilidad primero de quien lo ha hecho, y segundo de quien no lo ha evitado", explica Cruz. "Es el momento de decir vale, reconocemos que esto existe y es inevitable, pero que hasta aquí hemos llegado y que, sobre todo, a partir de aquí se actuará con orden y respeto a la legalidad", argumenta Cruz para defender la propuesta de la Junta, tachada de permisiva e incomprensible por ecologistas y organizaciones conservacionistas, y de rigurosa y compleja de aplicación por quienes abanderan una amnistía sin condiciones, como el PP.

Para trazar este punto, lo más complejo es definir qué es lo que se puede asumir de lo realizado y que no conviene heredar, y el criterio esencial ya lo fija el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que determina que las infracciones urbanísticas prescriben en un plazo de cuatro años, salvo aquellas realizadas sobre suelos especialmente protegidos o terrenos catalogados y las parcelaciones en suelo rústico, que no expiran nunca. Esta línea solo aparta de la posibilidad de legalizarse al 11% de las 25.457 casas en suelo no urbanizable localizadas en las comarcas de La Axarquía y el Almanzora.

Las 22.702 casas construidas en ambas comarcas hace más de cuatro años no serán legalizadas automáticamente. En realidad, técnicamente no lo serán nunca porque, según enfatiza la consejera, se trata de reconocerlas pero no de legalizarlas, ya que al estar en suelo no urbanizable que por sus condiciones no va a cambiar de calificación al estar alejado de núcleos urbanos principales, deben quedar fuera de ordenación en el planeamiento urbanístico, esto es, que permanecerán en el limbo aunque con seguridad jurídica.

Entretanto, se completan los censos de construcciones ilegales. La Junta prepara un decreto que fijará los criterios sobre lo que es posible reconocer y, sobre todo, desarrollará con precisión los procedimientos a seguir para tener el reconocimiento en forma de licencia de primera ocupación. Para lograrlo, los propietarios de las viviendas deberán presentar en los ayuntamientos un plan de actuación que garantice que la casa reúne las debidas condiciones de habitabilidad y está dotada de los servicios esenciales como saneamiento, luz y agua corriente. Estos correrán por cuenta de los propietarios, ya que una de las condiciones del reconocimiento es que no cueste dinero a las arcas públicas, que se nutren, entre otros, de los impuestos de los vecinos que sí tienen sus viviendas legales y no se pueden ver perjudicados.

El texto del decreto aún no está completamente redactado y, cuando se ultime, requerirá entre tres y seis meses de tramitación hasta su aprobación definitiva porque deberá esperar a la emisión de diversos informes sectoriales y jurídicos.

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