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13 Abril 2011 Para estos ciudadanos, lo que se ha hecho ha sido precisamente «vulnerar sus derechos fundamentales» Ideal Digital | Noticia Mañana Hellen Prior, propietaria de la casa que fue demolida en 2008 en Vera a raíz de una sentencia judicial ante una denuncia de la Junta de Andalucía por la ilegalidad de la licencia municipal, estará en Bruselas para explicar al Comité de Peticiones de la Unión Europea su caso concreto. Esta audiencia se da como consecuencia de una petición sobre abusos urbanísticos en España presentada por la Asociación Abusos Urbanísticos en el Almanzora No (AUAN), cuya presidenta, Maura Hillen, ha sido invitada a dirigirse directamente al Comité «para presentar el caso de compradores inocentes, los cuales, a pesar de haber comprado su vivienda en buena fe, tienen ahora que enfrentarse con la amenaza de demolición sin esperanza de indemnización, o de los que viven sin acceso a la luz y al agua o de los que tienen que pagar las deudas de los promotores». En concreto, la petición de la Asociación viene dada por esta circunstancia de que los que compraron vivienda «de buena fe» ahora pueden verse muy perjudicados y según apunta Hillen, esto «contraviene el Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y España tiene que ser obligada a respetar y aplicarlo». Para estos ciudadanos, lo que se ha hecho ha sido precisamente «vulnerar sus derechos fundamentales» y, de hecho, no han dejado de realizar acciones reivindicando una solución justa para lo que consideran es una situación injusta. De esta forma, en representación de otros muchos ciudadanos que están en esta situación de tener su casa fuera de ordenación, la AUAN y concretamente, Hellen Prior tendrá la oportunidad de apoyar dicha petición y de hablar directamente con el comité. Helen, y su marido Len, viven todavía en lo que era su antiguo garaje mientras luchan para conseguir una indemnización a través de los juzgados. En las últimas acciones de los británicos residentes en el Almanzora se contempla una querella contra la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, por un presunto delito de injurias discriminatorias durante su explicación al Parlamento del decreto por el que se va a normalizar la situación de viviendas ilegales en Andalucía.
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