El 25 de mayo de 2011, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga dictaba sentencia condenando, por un delito de asociación ilícita y estafa, a un grupo de ciudadanos británicos, franceses, belgas, alemanes, irlandeses y españoles que, de común acuerdo y con el propósito de enriquecerse de forma injusta, llevaban a cabo estafas en el sector inmobiliario de la multipropiedad desde el año 2000 en la Costa del Sol. Muchas de la víctimas consiguieron finalmente, después de 10 años, tener derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos.

(OEG agradece la información al abogado Antonio Flores, del despacho Lawbird, que representó a las víctimas). 

Esta organización utilizaba una estructura societaria, en ocasiones inexistente, situada en la Costa del Sol que obtenía listados de personas que eran titulares de derechos o semanas de aprovechamientos a tiempo compartido para posteriormente establecer un primer contacto telefónico a través de teleoperadores, ofreciéndoles la gestión de la venta de su “timeshare” a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía. Para realizar dicha operación ficticia exigían como condición previa el envío de una cantidad de dinero. Luego no se volvía a saber de ellos.

Las víctimas de este engaño masivo se cuentan por centenares, principalmente procedentes del Reino Unido, Francia y Alemania. Concretamente, desde finales del año 2000 hasta diciembre de 2001, como consecuencia de las denuncias realizadas por los perjudicados, algunos de los cuales se encontraban integrados en una Asociación de Consumidores de Multipropiedad del Reino Unido, la “Timeshare Consumers Asociation” de Londres, el Grupo III de Fraudes de la UDEV Costa del Sol pudo conocer de las actividades ilícitas en las que estaba implicado el cerebro de la organización de nacionalidad inglesa. 

Tuvieron incluso la osadía de montar sociedades que ofrecían asistencia legal a los propios afectados, a cambio de una suma que rondaba los 300 euros, que obviamente nunca se llegó a materializar.

Sentencia núm. 306/2011, de la Audiencia Provincial de Málaga, de 25 de mayo de 2011.