La norma aprobada por la Eurocámara acepta limitaciones propuestas por España. Los países podrán denegar la autorización de traslado si no está garantizada la calidad

Gaceta Médica, 21 | 01 | 2011 - Noticia

Los países de la Unión Europea podrán denegar la autorización a los pacientes nacionales que quieran trasladarse a otro Estado miembro para recibir un tratamiento hospitalario y altamente especializado cuando consideren que es perjudicial para ellos, que no está garantizada la calidad en el receptor, que haya motivos de salud pública o que él mismo se comprometa a prestar dicha atención en un plazo "razonable".

Así lo establece la norma de 'turismo sanitario' aprobada por la Eurocámara, que ha introducido las limitaciones que plantearon países como España para evitar poner en riesgo la sostenibilidad financiera de los sistemas. Por tanto, la directiva final —que los Estados tendrán que incorporar a sus respectivas legislaciones en un plazo máximo de dos años y medio—es más restrictiva que el texto original planteado por la Comisión Europea, pues aumenta el número de casos en que será necesaria dicha autorización.

Así, el borrador obligaba a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente nacional cuando éste acudiera a una consulta privada de otro país de la UE, mientras que el texto aprobado permitirá exigir una autorización previa para estos tratamientos y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente. Otro gran problema para nuestro país era el pago de los tratamientos fuera de España de los jubilados de otros Estados que residen en nuestro país, pues la primera propuesta preveía que fuera el país de residencia y no el de afiliación —en el que han cotizado—cuestión modificada en la norma final, que establece que sea el país de origen el que corra con los gastos cuando el jubilado vaya a tratarse a ese mismo Estado de afiliación y lo haga el de residencia en caso de que se traslade a un país diferente.

A la espera de que España adapte la directiva, el secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Juan Abarca, espera que no haya ningún tipo de "discriminación" para la sanidad privada ni una "restricción total" para la entrada de pacientes, pues supondría una disminución de oportunidades de ingreso.

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