El portavoz del Gobierno chiclanero y delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, ha mostrado la “extrema sensibilidad” del Ejecutivo del PP “hacia el problema social creado a raíz de las sanciones urbanísticas que están siendo impuestas en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”.

Diario Bahía de Cádiz | Noticia

El portavoz del Gobierno chiclanero y delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, ha mostrado la “extrema sensibilidad” del Ejecutivo del PP “hacia el problema social creado a raíz de las sanciones urbanísticas que están siendo impuestas en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”.

Núñez ha insistido en que “se trata de un problema social y no de un problema urbanístico el que tenemos hoy en día en Chiclana. Cuando las viviendas afectadas son unas decenas, el problema es urbanístico, pero cuando hay 40.000 viviendas irregulares en nuestro municipio, este problema es social”, añadiendo que “prueba de ello son las dos manifestaciones que promovió la Plataforma de Afectados por la Regularización de viviendas, que sacaron a la calle 7.000 personas en dos ocasiones”, durante el anterior mandato.

También ha subrayado que “no podemos soslayar la dilatada historia que lleva aparejada la aparición de 40.000 viviendas ilegales en Chiclana que, desde luego, no han aparecido de la noche a la mañana. Por tanto, estamos ante un problema creado fruto de haber mirado hacia otro lugar durante décadas”. Sin decirlo, el edil del PP mira al PSOE, que ha gobernado en la ciudad casi siempre.

ASESORARSE BIEN

“Aconsejamos a los afectados por las sanciones urbanísticas que se pongan cuanto antes en manos de profesionales del Derecho y expertos en Urbanismo, que conozcan a la perfección los procedimientos de sanciones urbanísticas y que puedan, en consecuencia, asesorar de manera clara y transparente sobre los pasos que deben dar para solucionar sus graves problemas”, señala el representante del Gobierno chiclanero.

En este sentido, el edil conservador ha resaltado que “resulta francamente perjudicial para los chiclaneros afectados por estas sanciones que reciban ahora un mal consejo o se dejen guiar por personas que no tienen claro el procedimiento al que se están sometiendo, lo que puede conllevar un falta de iniciativa y defensa legal que les perjudique aún más en un futuro próximo”.

EL CASO DE MIJAS

Núñez también ha hablado del caso de Mijas, cuya situación urbanística es utilizada por la Plataforma de Afectados por las Sanciones Urbanísticas para pedir al Ayuntamiento la condonación de dichas multas por construir ilegalmente.

“Una vez puesto en contacto con Mijas, éstos me han trasladado de forma clara que allí no se está condonando absolutamente ninguna sanción urbanística. Únicamente se está llevando a cabo un proceso muy similar al que en Chiclana hemos iniciado en las Áreas de Gestión Básica, que permite convertir una porción de terreno municipal de suelo no urbano a suelo urbano no consolidado”, afirma. “En ningún momento se están paralizando o perdonando en el municipio malagueño estas sanciones urbanísticas”.

Por otra parte, respecto al poder de paralización de sanciones por parte de la administración local, el edil de Urbanismo se ha vuelto a mostrar muy claro: “¿puede un Gobierno local perdonar una sanción? La respuesta es no. Un equipo de gobierno local no tiene la potestad o herramientas legales para decidir de forma discrecional sobre las sanciones urbanísticas impuesta por una ley autónomica”. “Precisamente a estas imprecisiones nos referimos cuando alegamos que se está mal-informando a la ciudadanía y que esto puede conllevar un grave perjuicio para sus interés legales”, añade.

El concejal de Urbanismo ha concluido repitiendo que “una prueba clara e irrefutable sobre dicha falta de poder local reside en Sanlúcar de Barrameda, donde el Tribunal de Cuentas reclama el abono de 650.000 euros a los concejales de dicha Corporación por perdonar sin base legal alguna estas sanciones urbanísticas”.

El alcalde, Ernesto Marín, ya invitó el pasado martes a los miembros de la Asociación de Afectados por Sanciones Urbanísticas –que se manifestaron frente al Ayuntamiento- a que presenten sus fórmulas para paralizar estos expedientes administrativos “siempre y cuando las propuestas estén dentro de la legalidad”. Estos afectados luchan por la paralización de los expedientes sancionadores y de derribo iniciados y una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

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