Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía (Málaga) han afirmado que la economía local está sostenida por ellos y han advertido a la Junta del riesgo de que el anunciado decreto para la regularización de casas no cumpla con sus exigencias.

Finanzas (EFE) | Noticia

Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía (Málaga) han afirmado que la economía local está sostenida por ellos y han advertido a la Junta del riesgo de que el anunciado decreto para la regularización de casas no cumpla con sus exigencias.

El presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA) -Salvemos Nuestros Hogares, en español-, el británico Philip Smalley, ha manifestado a Efe que los miles de residentes foráneos que se construyeron viviendas en localidades como La Viñuela, Alcaucín, Canillas de Aceituno o Sayalonga "están sosteniendo la economía local".

"¿Qué pasará en Andalucía si derriban nuestras viviendas y los extranjeros nos tenemos que marchar?", se ha preguntado Smalley, que es concejal por el PA en el Ayuntamiento de La Viñuela.

Ante el anuncio esta semana por parte de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, de que el decreto para la regularización de las viviendas edificadas en suelo no urbanizable se aprobará "en noviembre o diciembre", Smalley ha asegurado que el colectivo al que representa no estará "feliz" hasta ver su contenido.

Ha explicado que SOHA rechaza la figura prevista en el borrador del decreto de asimilado al régimen de fuera de ordenación, que podría aplicarse a buena parte de las viviendas irregulares existentes en la Axarquía.

"El asimilado como fuera de ordenación no nos da ninguna garantía jurídica, porque en un futuro pueden hacer lo que quieran con nuestras viviendas", ha señalado Smalley, que tampoco está de acuerdo con que sean los propios ayuntamientos que otorgaron las licencias lo que tengan ahora la responsabilidad de decidir los derribos.

El pasado septiembre, SOHA se reunió con la secretaria general de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta, Gloria Vega, a la que expusieron su postura y las alegaciones que esperan que sean tenidas en cuenta en el decreto.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Óscar Medina (PP), ha asegurado que la única culpable de la situación urbanística que se da en la comarca oriental malagueña "es la Junta, que es la que sacó una ley que ha dado lugar a esto".

"No se puede demonizar el ladrillo de buenas a primeras, y ahora vienen con una solución para maquillar el problema que llega tarde y que, curiosamente, saldrá en periodo electoral", ha añadido.

Medina también ha declarado que está "expectante" por ver el contenido del decreto "y ver cómo van a llevar a cabo la regularización, porque ni la Junta misma sabe lo que quiere hacer".

En la comarca de la Axarquía se han identificado 12.760 viviendas irregulares en veintidós municipios, de las que más de 11.000 podrían beneficiarse del nuevo decreto.

En esta zona existen 976 viviendas que tienen menos de cuatro años, por lo que el delito aún no ha prescrito, de forma que los ayuntamientos deberán identificar "caso por caso" cada una de ellas y solicitar los informes oportunos para poder, finalmente, conceder la correspondiente licencia, según avanzó la consejera hace unos meses.

Además, 859 viviendas se encuentran en suelo protegido, de modo que no se descarta su posible demolición, al no poder regular su situación.

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