No deja de ser la simple aplicación de las ordenanzas pero a nadie se le escapa ni el Ayuntamiento esconde que su objetivo principal es evitar la picaresca que pueda suscitar la futura regularización.

El Mundo | Noticia

Dentro de dos años, aproximadamente, Mijas confía en erradicar un problema que arrastra desde hace años como es el de las viviendas irregulares. El Ayuntamiento ya ha anunciado la creación de una oficina especial que gestionará el proceso de normalización de estas edificaciones, que en el caso de este municipio costasoleño se calculan en unas 3.800. Y ni una más.

Desde el equipo de gobierno que encabeza el popular Ángel Nozal se han dado instrucciones a la Policía Local para que esté especialmente atenta a las obras que se detecten en viviendas y para que los agentes paralicen todas las que no cuenten con la preceptiva licencia municipal.

La iniciativa se aplicará en todo el término de Mijas, tanto las zonas urbanizadas como las rurales. No deja de ser la simple aplicación de las ordenanzas pero a nadie se le escapa ni el Ayuntamiento esconde que su objetivo principal es evitar la picaresca que pueda suscitar la futura regularización. "No estamos dispuestos a que se construyan más casas fuera de ordenación", ha señalado el concejal de Urbanismo, Manolo Navarro.

La medida no se limitará a quienes intenten levantar nuevas edificaciones. También a quienes intenten remodelar, ampliar o mejorar las existentes sin pasar por el preceptivo control de los técnicos municipales. Así también se previenen posibles intentos de especular con unas propiedades que en su día se construyeron sin permisos escritos, si bien la asociación que agrupa a un buen número de sus propietarios siempre ha defendido que los anteriores gobiernos locales socialistas conocían perfectamente lo que estaban haciendo.

De hecho muchas casas cuentan con placa de diseminado y pagan impuestos al mismo Ayuntamiento que después inició los trámites que derivaron en multas coercitivas y exigencias de derribos.

En todo caso, la normalización no le saldrá gratis a los afectados. Éstos deberán asumir los costes y las cargas de la urbanización de las áreas donde se concentran las viviendas, así como su conservación.

Los que también tendrán que rascarse el bolsillo son los vecinos a los que la Policía sorprenda ahora promoviendo obras sin el permiso pertinente. Navarro ha anunciado que "se les abrirá el expediente sancionador que corresponda y la multa puede ser de varias veces el valor de los trabajos que están realizando sin licencia. Es una decisión justa y estaremos de acuerdo en que todos los ciudadanos deben cumplir con la ley".

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