La normativa está pendiente aún de que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda culmine su redacción e inicie su tramitación

Sur | Noticia

Los propietarios de viviendas ilegales en el campo tendrán que seguir esperando. El ansiado decreto de la Junta de Andalucía que permitirá la legalización de más de 50.000 viviendas irregulares en la provincia -11.000 en la Axarquía-, cuyo plazo de elaboración estaba previsto que se prolongara entre tres y seis meses, no ha concluido todavía. Según la última comparencia realizada en el Parlamento de Andalucía por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, realizada a petición de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU), para informar sobre la norma que establecerá los procedimientos que contribuirán a solventar la problemática de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en Andalucía, «el decreto se encuentra en fase de elaboración dentro de la Consejería y no ha iniciado aún el proceso de tramitación. Por tanto, no se ha procedido aún al trámite de audiencia a instituciones y los distintos organismos que está previsto hacer».

Cruz había anunciado en marzo pasado que la redacción del decreto se podía alargar medio año o lo que es lo mismo hasta finales de agosto. Dado que aún no ha concluido su elaboración, es de esperar que su entrada en vigor se prolongue todavía algunos meses. No obstante, el delegado provincial de Obras Públicas, Enrique Benítez, ha señalado, en un intento de tranquilizar a los afectados -12.760 en la Axarquía-, que el proceso «está bastante avanzado y que todo sigue su curso».

Benítez ha anunciado asimismo que la Junta va a retomar, una vez realizadas las elecciones municipales, la elaboración de los inventarios de edificaciones irregulares en algunos de los municipios de la comarca que habían sido excluidos inicialmente, como es el caso de Alcaucín, como consecuencia del proceso judicial abierto a raíz del denominado 'Caso Arcos' contra la corrupción urbanística en la localidad.

Hasta ahora los únicos municipios que tienen el inventario realizado son los de Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo. El inventario es algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución casi personalizada, según la Junta.

El retraso en la aprobación del decreto, que tendrá como ámbito de referencia todo el territorio de la Comunidad Autónoma, y como marco legal, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), inquieta bastante a los propietarios de viviendas irregulares en la Axarquía, donde existen varias asociaciones de afectados, entre las cuales destaca la Asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA- Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía), presidida por el británico Phillip Smally, que ha señalado que la única salida que les queda es la publicación de la nueva norma andaluza.

Alcaucín

El actual concejal de Urbanismo de Alcaucín, Mario Blancke, ha explicado que aunque el nuevo gobierno del Ayuntamiento (PP, PA y Los Verdes) se ha marcado como objetivo la regularización de las viviendas, «todo está en manos de la Junta y de la publicación del decreto de regularización».

Blancke ha manifestado que en el caso de Alcaucín, «donde la inmensa mayoría de la licencias de obras se concedieron por decreto de Alcaldía, buena parte de las casas quedarán fuera de ordenación», aunque ello no impedirá que sean reconocidas una vez se produzca la entrada en vigor de la nueva norma andaluza. El edil ha pedido a la Junta que asuma su parte de responsabilidad en todo este asunto y ofrezca cuantos antes una solución definitiva a la problemática de las viviendas en el campo.

Según las estimaciones de la Junta, de las 12.760 edificaciones irregulares existentes en los 22 municipios de la Axarquía inventariados hasta la fecha (22.000, según los ecologistas), 859 se levantan sobre suelo protegido y 976 son viviendas ilegales que todavía no han prescrito, lo que significa que serán susceptibles de ser legalizadas un total de 11.025.

De los 22 municipios inventariados, 14 no tienen planeamiento general, aunque cuentan con un inventario completo, mientras que los ocho restantes, sólo disponen del relativo a las edificaciones en suelo no urbanizable protegido.

Fuente original