Los ayuntamientos de la Axarquía contarán con el asesoramiento de la Oficina de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga a la hora de tramitar los expedientes para la regularizar las más de 11.000 viviendas ilegales que existen en la comarca, una vez se produzca la entrada en vigor del decreto de regularización anunciado el pasado fin de semana en Torrox por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que dijo que la nueva norma será aprobada en el Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo 10 de enero.

 

Según el diputado provincial de Urbanismo, Ignacio Mena, el organismo provincial no sólo tiene previsto prestar dicho asesoramiento a los ayuntamientos sino que además tiene la obligación de ayudar.

 

De hecho, Mena ha asegurado que los técnicos del área que dirige en la Diputación están ya preparados para atender la avalancha de información que solicitarán los ayuntamientos. «Lo mismo sucede también con el Servicio de Asistencia Jurídica de la propia Diputación», ha manifestado el diputado provincial.

 

Ignacio Mena ha señalado no obstante que en su opinión la solución propuesta por la Junta de Andalucía a través del decreto «no parece la mas adecuada, puesto que vincula la legalización a la explotación agrícola y ganadera, cuando la mayoría de las viviendas construidas en suelo no urbanizable de la provincia tienen un uso residencial. Desconocemos sin embargo lo qué recogerá el decreto de regularización y por tanto no sabemos que es lo qué se podrá no legalizar».

 

Solución real y efectiva

 

El diputado provincial de Urbanismo recordó que el compromiso del PP es trabajar para que se modifique la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para ofrecer una solución real y efectiva al problema de las viviendas ilegales.

 

Este misma semana, el presidente del PP de Málaga y máximo dirigente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, calificaba de «electoralista» el anuncio de Griñán sobre el decreto por el que se regularizarán unas 11.000 viviendas ilegales en la Axarquía. Se estima que en la provincia pueden estar afectadas hasta 50.000 construcciones.

 

«El PSOE y la Junta no han sido capaces de hacerlo en todos estos años, y ahora anuncian la firma de un decreto del que debe saberse, por transparencia y tranquilidad para los afectados, cómo se va a llevar a cabo, qué reformas legales hacen falta en la normativa, y un sinfín de aspectos que deberíamos conocer antes», según Bendodo.