El Consejo de Gobierno aborda el decreto que permitará la regularización de las construcciones en suelo no urbanizable en la provincia

Sur | Noticia

Más de 60.000 familias en toda la provincia aguardan hoy con impaciencia una respuesta definitiva de la Junta de Andalucía para regularizar sus casas después de seis años de demandas y solicitudes que han dejado por el camino decenas de propietarios imputados, así como alcaldes acusados por dar licencias irregulares, y otros, como los exregidores de Canillas de Aceituno, Cómpeta o Canillas de Albaida, inhabilitados e incluso uno encarcelado, como es el caso del ex alcalde de La Viñuela, Juan Millán. La medida beneficiará a más de 300.000 viviendas en toda Andalucía, de las cuales un 20% se encuentran ubicadas en Málaga y provincia.

Según el presidente de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Philip Anthony Smalley, el camino recorrido no ha sido fácil, ya que se ha pasado de obtener como única respuesta por mparte de la Junta que la ley está para cumplirla a un discurso rádicalmente distinto que se puede traducir hoy en la aprobación de una salida dirigida a permitir la regularización de la mayor parte de las edificaciones que se levantan sobre el suelo no urbanizable de Andalucía. «Seis años es mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia que tiene el problema para tantas miles de familias», ha señalado Smalley.

La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), colectivo que agrupa a unas 50 asociaciones de toda la provincia, tampoco ha cesado de reclamar la legalización de todas las viviendas, independientemente de si están construidas o no en suelo protegido.

Las peticiones de los afectados han contado además con el respaldo de los alcaldes, independientemente de color político. En el caso de la Axarquía, donde hay contabilizadas 12.760 construcciones ilegales, de las que 11.025 podrían ser legalizadas, los regidores no han cesado de exigir a la Junta la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a la que han culpado en gran medida de lo sucedido. La inquietud de los afectados se centra ahora en conocer el contenido del decreto que se prevé aprobará hoy el Consejo de Gobierno y si atiende las expectativas.

Entre los que se han posicionado al lado de los afectados se encuentra el expresidente de la Diputación, Salvador Pendón, que ha recordado en más de una ocasión que sólo en casos muy concretos las viviendas están en suelos protegidos frente a la mayoría que no lo está. Pendón se refirió mientras estuvo al frente de la institución sobre el problema de las viviendas ilegales señalando que mientras en Marbella se hablaba de la posibilidad de normalizar 30.000 pisos, en la Axarquía lo que se hacía era hablar de «imputar a los alcaldes».

Frente a los postulados defendidos por los afectados, se encuentran los ecologistas. Asi, el presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), Rafael Yus, se ha referido al decreto de regularización expresando la preocupación del colectivo ante el efecto llamada que puede tener el decreto para la regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de Andalucía en el que trabaja la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. «Si miles de viviendas se legalizan de un plumazo, por qué las que se hagan en un futuro próximo, no se pueden beneficiar de lo mismo», ha señalado Yus. Para, Gena-Ecologistas en Acción, la problemática ha estado «provocada por la dejación de funciones por parte de la administraciones locales y de la propia Administración autonómica, competentes en materia urbanística». 

Fuente original