La Guardia Civil investiga una supuesta trama que modificaba mapas a cambio de comisiones con el fin de legalizar casas

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La Guardia Civil ha deshilachado un nuevo fleco de la madeja del urbanismo en Alcaucín. Los investigadores han puesto ahora la lupa en una supuesta trama que habría alterado documentos del catastro para regularizar viviendas en suelo no urbanizable, o bien para hacer creer a posibles compradores que podían construir en esas parcelas.
 
La operación, denominada ‘Tristán’, surge de una de las nueve piezas separadas del ‘caso Arcos’, una investigación contra la corrupción municipal en Alcaucín que se destapó en 2009. Ayer, tras año y medio de pesquisas, agentes de la Benemérita detuvieron al exalcalde la localidad José Manuel Martín Alba, un exsecretario municipal del Ayuntamiento, cuatro funcionarios –dos de ellos jubilados recientemente– un abogado y un promotor.
 
El exregidor axárquico, ahora concejal en la oposición por un partido independiente, suma con esta su segunda detención por la investigación derivada del ‘caso Arcos’, que hasta ayer acumulaba 55 imputados. No es el único que repite en esta lista. En la nómina de arrestados en la ‘operación Tristán’ que también fueron detenidos en la primera fase figuran el arquitecto de la Diputación Provincial José Mora y un abogado con despacho en la capital.
 
La investigación ha permitido desmantelar una trama integrada presuntamente por empleados de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y del Patronato de Recaudación de la Diputación. Bajo la supuesta coordinación de un abogado, los funcionarios habrían modificado documentos con el fin de introducir información falsa –o cuando menos engañosa– a cambio de posibles comisiones, según informó ayer la Guardia Civil.
 
Apariencia de legalidad
 
El objetivo sería dar cobertura legal a la construcción de casas en suelo no urbanizable, o bien hacer creer a los interesados en comprar parcelas –la mayoría, ciudadanos extranjeros– que podían adquirir los terrenos para construir en ellos, pese a que no eran urbanizables.

Por otro lado, los agentes tratan de determinar si algunos de los implicados habrían percibido dinero por agilizar o impulsar expedientes urbanísticos. Las fuentes consultadas precisaron que se trataría de pequeñas corruptelas, ya que, al parecer, el precio de una comisión por dichas gestiones ascendería a 200 euros.
 
La Guardia Civil indicó ayer que en la ‘operación Tristán’ se investigan siete posibles delitos: cohecho, falsificación de documento público, falsificación de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias, estafa, así como prevaricación administrativa y urbanística.
 
La redada se desató a primera hora de la mañana. Cerca de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, apoyados por efectivos de la comandancia malagueña, se repartieron en grupos para realizar las ocho detenciones y los siete registros previstos, entre los que figuran un despacho de abogados y varios domicilios.
 
Los dos principales focos de la operación estuvieron en el edificio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en la avenida de Andalucía, y en el Patronato de Recaudación de Impuestos de la Diputación Provincial, que tiene su sede en el Parque Tecnológico (PTA).

En el caso de Hacienda, el registro se circunscribió a la Gerencia Territorial del Catastro en Málaga –perteneciente a la administración estatal–, cuyas dependencias fueron registradas por los agentes de la UCO durante casi doce horas. En ellas se incautaron de varias cajas de documentación en papel y en soporte informático. Según las fuentes consultadas, dos de los detenidos en la operación habían sido funcionarios del catastro. Ambos se habían jubilado recientemente.
 
El registro en el Patronato de Recaudación de la Diputación se prolongó desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde. El trabajo policial se centró en la Unidad de Gestión Catastral, que es de ámbito provincial. En relación al ente supramunicipal, los investigadores detuvieron a otros dos funcionarios; uno es el exjefe adjunto del Servicio de Arquitectura y el otro, empleado del catastro.
 
A mediodía de ayer, el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, dio una rueda de prensa en la puerta del Patronato en la que indicó que los agentes se estaban incautando de expedientes relacionados con Alcaucín fechados de 2001 en adelante. Según el secretario general de los populares en Málaga, cuatro trabajadores –dos hombres y dos mujeres– estarían siendo investigados. Se trataría de tres auxiliares de gestión catastral y un delineante.
 
Salado anunció también que la Diputación se personará en el ‘caso Arcos’ para «limpiar la imagen» de la institución, porque aún no lo ha hecho, pese a que el anterior equipo de gobierno dijo en 2010 que iba a presentarse como acusación.
 
Los detenidos han sido trasladados a distintas dependencias del Instituto Armado y se prevé que hoy empiecen a prestar declaración ante los agentes que llevan el caso. No se descarta nuevas imputaciones.
 
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Vélez-Málaga y la Fiscalía Anticorrupción, y ha contado con la colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda. 

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