Piden medidas contra la insumisión de los dueños de casas ilegales en la Axarquía

Fecha Publicación: 
30 Abril 2012

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la comarca exige a la Junta que establezca plazos para cumplir el decreto de regularización

Sur | Noticia

La falta de respaldo al decreto para la regularización de las edificaciones irregulares construidas en el suelo no urbanizable de Andalucía por parte de los propietarios de casas ilegales y de algunos ayuntamientos preocupa a algunos colectivos ecologistas de la Axarquía, sobre todo teniendo en cuenta que dos meses después de la entrada en vigor de la nueva normativa, que es de aplicación inmediata, el número de solicitudes presentadas en los distintos consistorios para regularizar las viviendas es mínimo.

Por esta razón, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), que ha estimado en unas 22.000 las viviendas ilegales que existen en la comarca oriental malagueña, ha solicitado a la Junta de Andalucía la adopción de medidas dirigidas a acabar con lo que ha denominado «insumisión» de los afectados a la hora de normalizar su situación. La petición forma parte de escrito de alegaciones que Gena ha formulado a las normas directoras redactadas por Obras Públicas y por las que se establecen los requisitos mínimos de habitabilidad y salubridad que deben cumplir la construcciones ilegales en el campo.

La asociación ecologista ha planteado como mecanismo para acabar con dicha insumisión que por parte de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas se establezca un plazo de regularización para todas las viviendas situadas en suelo no urbanizable. «Cumplido ese plazo, la Junta de Andalucía, decimos bien, porque los ayuntamientos jamás lo harían, debería empezar a demoler viviendas», ha explicado el coordinador de Gena, Rafael Yus.

Para este colectivo, existe una reticencia generalizada de los ayuntamientos y de los propietarios de viviendas en suelo rústico a acogerse al procedimiento de regularización que determina el Decreto 2/2012.

Rechazo

«Esta normativa se ha acogido con rechazo, escepticismo e insumisión, bajo la creencia de la entera discrecionalidad de los afectados (ayuntamientos y propietarios) para acogerse o rechazar este decreto, sin que aparentemente se adviertan consecuencias administrativas o penales por tal insumisión. Ello nos conduce a considerar la necesidad de establecer unos plazos para la regularización, fuera de los cuales se debe restituir el orden perturbado», ha explicado Yus.

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía va aún más lejos al incluir como alegación también que ante la inacción de los ayuntamientos cabe la posibilidad de que se produzca un efecto llamada con edificaciones posteriores a la aparición de decreto de regularización.

Si se diera este supuesto, según esta asociación ecologista, lo en la práctica se habrá «regulado (no solo regularizado) es un procedimiento para construir de forma anárquica el suelo no urbanizable, con todas las consecuencias ambientales, urbanísticas y económicas. Por este motivo, debería establecerse un marco de aplicación del Decreto que comprenda exclusivamente el periodo de tiempo anterior a la fecha de publicación del mismo».

En este sentido, lo que Gena ha propuesto es que se establezca que el decreto de regularización en ningún caso será aplicable a viviendas que se hayan construido con posterioridad a la fecha de entrada en vigor, lo que significa que ninguna casa construida después del mes de marzo del año 2012 podrá hacer uso de este norma.

Paralelamente, la asociación pide a la Junta que los ayuntamientos realicen forzosamente un inventario de viviendas en suelo no urbanizable de su municipio en un plazo máximo no superior a un año. «Si se niegan a realizar esta tarea, se les retiraría las competencias urbanísticas y la Junta actuaría de forma subsidiaria», ha defendido Gena ante la Consejería.

Entre alegaciones, la asociación ha propuesto que se demuelan todas las construcciones que están a medio terminar, «para que advierta el imperio de la autoridad», y que la figura de «fuera de ordenación» no conlleve posibilidad alguna de comerciar con la vivienda, «evitando con ello el principal atractivo de las viviendas rústicas: la inversión en ladrillo y la especulación». 

Fuente original

Los derechos corresponden al medio de comunicación en el que fue publicado