La nueva norma, impulsada por España, establece que los europeos que soliciten asistencia en otro país sólo tendrán derecho a la misma que recibirían en su país de origen

Abc, 19 | 01 | 2011 - Noticia

El Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva que regula la asistencia sanitaria transfronteriza dentro de la Unión Europea y que pondrá fin al conocido como turismo sanitario que perjudicaba, entre otros países, a España por la enorme afluencia de turistas que llegan a nuestro país cada año y que, en algunas ocasiones aprovechaban sus estancias para realizarse operaciones de manera gratuita que en su país habrían tenido que costear de su bolsillo.

La novedad de la nueva norma, para la que los países tienen dos años y medio para transponer a sus respectivos ordenamientos, radica en que se aplica también a los extranjeros residentes en España que, en ocasiones, volvían a sus países de origen a pasar una temporada, se operaban de cualquier cosa y después le exigían a la Sanidad española que le costeara la intervención. En España hay nada menos que 2,5 millones de extranjeros residentes, de los que casi 500.000 tienen más de 55 años.

Además, a partir de la entrada en vigor de esta norma, los europeos que soliciten asistencia en otro país tendrán derecho a la misma que recibirían en su país de origen. De este modo, las ya casi clásicas operaciones de cadera que aprovechaban algunos jubilados británicos para hacerse durante unas vacaciones al sol en España ya no serán tal o, si lo son, tendrán que pagarlas. La Sanidad española sólo le costeará el equivalente a lo que tendría derecho en su país, y si no incluye, por ejemplo, el coste de la prótesis ésta tendrá que salir de su bolsillo.
Las arcas públicas españolas reciben 2.800 euros al año por cada residente extranjero que vive en nuestro país, mientras que España paga 1.600 euros por los españoles que viven fuera. Si no se hubiera aprobado este texto, España podría haber tenido que pagar hasta el transporte sanitario o medicalizado de los residentes extranjeros que hubieran decidido operarse en otro país europeo, lo que según algunas estimaciones podría haber costado 2.000 millones de euros anuales.

Esta nueva legislación es fruto de las sentencias de los últimos años en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que se ha reconocido el derecho de los ciudadanos a tratarse en otro país europeos distintos al suyo.

También en el capítulo de novedades figura que las autoridades nacionales podrán exigir una autorización previa cuando los pacientes deban ingresar en el hospital al menos una noche o en el caso de tratamientos especializados.

Tras el visto bueno del Parlamento, la Directiva vuelve de nuevo al Consejo para su aprobación definitiva y luego será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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