Fomento pretende salvar a aquellas construcciones que tengan una sentencia de demolición y fueron compradas de buena fe

Las Provincias | Noticia

Hace ahora un año y medio, medio centenar de propietarios vieron cómo sus viviendas, ubicadas en primera línea de playa en El Puig, eran derribadas después de años de litigios con el Ministerio de Medio Ambiente. Aquellas construcciones centenarias desaparecieron por una férrea ley de Costas que impedía que casas localizadas en el dominio público terrestre pudieran seguir existiendo.
Quizás los vecinos de estas casitas de pescadores estén ahora lamentando que el Partido Popular no llegara dos años antes al Gobierno, ya que el cambio en la política de aplicación de la ley de Costas de 1988 ha sido radical. Es más, el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete prepara una modificación de la normativa que permitiría flexibilizar la política de derribos, y que se uniría ahora a la amnistía que está elaborando el Ministerio de Fomento con una modificación de la ley del Suelo para aquellas viviendas ilegales que tienen una sentencia de demolición.
Es muy complicado conseguir datos sobre las viviendas que podrían librarse de estos derribos en los próximos años en la Comunitat Valenciana. Hay construcciones en el dominio público terrestre, en parques naturales, viviendas ilegales porque no cuentan con licencia municipal o porque se hicieron reformas que no contaban con permiso del Ayuntamiento. Demasiada casuística. El único dato, facilitado por Greenpeace, recogido a su vez por los propietarios, hace referencia a aquellas viviendas del litoral que se consideraron ilegales por Medio Ambiente, y que oscilaría entre las 20.000 y 50.000 casas.
Lo que pretende el borrador remitido por el Ministerio de Fomento a las autonomías y a los ayuntamientos es legalizar aquellas viviendas que hubieran sido adquiridas por los propietarios de buena fe, sin conocer su situación irregular, según confirmó ayer a LAS PROVINCIAS el director general de Urbanismo, Juan Giner. «El texto quiere ponderar entre dos bienes jurídicos protegidos, la propiedad de una vivienda y la defensa del territorio, y analizar caso por caso», asegura Giner, que destaca que la Conselleria de Infraestructuras lleva tiempo trabajando en la «minimización del impacto que causa en el paisaje, sin llegar a la demolición si no es preciso».
¿Quiénes se beneficiarían? Ha habido casos muy llamativos, como el de Llíber, en la Marina Alta, donde muchos británicos compraron una vivienda sin saber que, presuntamente, se habían falsificado licencias en terreno no urbanizable. En total hay unas 300 en esta situación, y aunque hay un procedimiento judicial abierto, el desproporcionado coste que supondría su demolición lo ha descartado. La mayoría, sin embargo, según Juan Giner, son casos aislados, de viviendas ubicadas en parques naturales o zonas de especial protección, donde el inmueble podría preservarse, aunque el director general de Urbanismo aboga por estudiar caso por caso.
Pilar Marcos, de Greenpeace, está en desacuerdo con esta doble amnistía que prepara el Gobierno, porque «es el peor de los mensajes que se puede lanzar, que todo ha valido en los años del boom inmobiliario. Deja el Estado de Derecho a la altura del felpudo». Los ecologistas creen además que se genera una sensación de injusticia, en comparación con aquellos ayuntamientos que fueron moderados en sus planes urbanísticos, y que generará más gastos, porque por otro lado los vecinos de estas viviendas demandan servicios.
De momento, la Conselleria está estudiando el borrador del Ministerio de Fomento, que recoge, además, una apuesta por actuaciones urbanísticas en las ciudades ya consolidadas, dejando de lado la ocupación del territorio con grandes PAIs fuera de las zonas urbanas, como se ha hecho en los años del boom del ladrillo. Sería el caso de Sociópolis, o de los fallidos proyectos de Nou Mil.lenni, en Catarroja, o Gran Manises. «El urbanismo de la próxima década se desarrollará dentro de las áreas ya consolidadas», asegura el director general. 

Fuente original

Los derechos corresponden al medio de comunicación en el que fue publicado