La Asociación que los aglutina culpa al PSOE por permitir durante años «una industria del ladrillo» y al PP, «por no hacer nada para evitarlo»

La Voz Digital | Noticia

La Asociación de Afectados por Sanciones Urbanísticas considera igual de culpables tanto al PSOE como al PP de su situación. Con casi 2.000 propietarios sancionados con multas que en algunos casos están sufriendo embargos de cuentas bancarias y otros bienes, los afectados recuerdan que el gobierno cuatripartito de Ernesto Marín envío en 2006 y 2007 más de 1.700 expedientes a Fiscalía. «Lo hicieron por un afán recaudatorio puro y duro. Nada que ver con la protección del Medio Ambiente o cosa que se le parezca», critican.

Ahora, unos años después, muchos de esos expedientes han pasado a la vía penal y están cayendo sobre las familias de viviendas irregulares. Pero los propietarios no se olvidan de los años de permisividad municipal, con sucesivos gobiernos del PSOE. «Ellos también han venido ejecutando sanciones antes de perder las elecciones. Ambos partidos son responsables de una situación que se ha tornado trágica para muchos afectados. ¿O es que ahora todos pretenden ser buenos chicos? No, señores, cada cual tiene su cuota de responsabilidad», explican.

Los propietarios se sienten «a los pies de los caballos», y aseguran que, como en los últimos meses de crisis económica «apenas hay actividad constructora, se están enviando las sanciones por la vía ejecutiva después de tantos años sin ejecutar». Asasur se pregunta si «tendrá algo que ver en esto la escasez de ingresos en las arcas municipales», y recuerdan que en Chiclana «se ha desarrollado toda una industria del ladrillo con la venia de todos», lamentan.

La polémica continúa con la petición hecha pública ya de los propietarios de que se paralicen los expedientes sancionadores. «El equipo de gobierno actual sabe cómo paralizarlos» consideran. Desde la asociación de Afectados por las Sanciones Urbanísticas aseguran «quedarnos pasmados del desparpajo con que se lanzan la pelota de unos a otros, intentando eludir la patata caliente que supone la ejecución de las sanciones urbanísticas».

La asociación asegura que continuará con las movilizaciones. Hay que recordar que oficialmente Chiclana cuenta con unas 15.000 casas sin licencia, pero que en la práctica hay muchas más.

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